El CCJCC aborda los nuevos retos de la auditoría del sector público en Cataluña

El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC) ha organizado una jornada profesional sobre la auditoría del sector público bajo el lema 'Evaluación continuada, el nuevo reto del control del sector público'. Este encuentro, que celebra su 17ª edición, ha reunido a expertos del ámbito de la auditoría y la evaluación de políticas públicas para abordar los principales desafíos de la administración pública moderna.

Los expertos participantes han coincidido en señalar que el verdadero desafío en la auditoría pública va más allá de verificar el cumplimiento normativo. Consideran que es necesario dar un paso adelante para evaluar no solo lo gastado, sino también auditar si los gastos han logrado el impacto social de los objetivos públicos para los que fueron destinados. Este enfoque requiere un cambio fundamental en la forma de entender el control administrativo.

Durante la jornada, Esther Pallarols, directora general de presupuestos de la Generalitat de Cataluña, y Mireia Borrell, directora de Ivalua (Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas), analizaron la necesidad de implementar mecanismos de control continuado del sector público para asegurar una mayor eficiencia y transparencia.

Pere Ruiz, experto en auditoría del sector público y miembro del Consejo Directivo del CCJCC, ha destacado que 'es necesario adoptar un enfoque de evaluación continua que permita un seguimiento dinámico de la ejecución presupuestaria, garantizando la transparencia y mejorando la toma de decisiones informadas en tiempo real'. Este enfoque requiere la incorporación de herramientas tecnológicas y un cambio cultural hacia la evaluación de resultados e impacto.

La auditoría debe ampliar su alcance hacia la evaluación de la eficiencia y el impacto social de las políticas públicas, asegurando que los recursos se utilicen de forma óptima para el beneficio de la ciudadanía. En este contexto, la evaluación continua no solo previene riesgos y desviaciones, sino que fortalece la confianza en las instituciones y permite una mejor gestión pública.

La jornada ha contado con altos representantes de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), incluyendo a Josep Tomàs Salàs, director actual de la OAC, y Olinda Anía, directora adjunta. Desde la OAC se ha destacado la neutralidad de la institución y su voluntad de ser una herramienta de integridad pública, confianza institucional y calidad democrática.

La protección de las personas informantes de posibles fraudes es fundamental para la OAC. La posibilidad de denuncias anónimas ha generado un notable incremento en las denuncias recibidas: de 174 en el año 2016 hasta más de 2.000 registradas en 2025. Según el último Barómetro de la OAC, el 82% de los catalanes opinan que existe mucha corrupción.

El gran objetivo de la OAC es generar impacto y reducir esta percepción ciudadana sobre la corrupción, así como la corrupción efectiva en Cataluña, con el propósito de mejorar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y la calidad democrática.

Un aspecto importante abordado durante la jornada fue la coordinación entre instituciones. Se expuso cuál debe ser el papel de las Diputaciones para favorecer una mayor transparencia del sector público, con las experiencias de Núria Gras Nogues, jefa de Sección de Apoyo Económico de la Diputación de Tarragona, y Josep Casas, jefe del Servicio de Asistencia Económico-Financiera de la Diputación de Barcelona.

A nivel local, también se valoró el papel de la central de compras de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) como instrumento para la relación entre entidades locales y los auditores, presentado por Victor Torrents, jefe de la Oficina de seguimiento de contratos de la Central de compras de la ACM.

La jornada se celebró en el Parlamento de Cataluña con motivo del 30 aniversario del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña. Joan Vall, presidente del CCJCC, destacó que 'celebrar esta jornada sobre sector público en el Parlamento de Cataluña tiene todo el sentido, dado que los auditores somos agentes que damos garantía del buen funcionamiento de las instituciones públicas. Hace 30 años que en esta cámara el CCJCC pasó a ser, por unanimidad de todos los grupos políticos, una entidad jurídica propia y hoy, más si cabe, somos una herramienta fundamental de transparencia y de generación de confianza en el tejido empresarial y entre la ciudadanía'.