Las acciones contra jueces alertan sobre captura de la justicia en Ecuador

Los gremios que representan a los juristas del país, junto con organizaciones de abogados, han denunciado públicamente que los jueces de distintos niveles han sido objeto de ataques, hostigamiento y presión debido a resoluciones que resultan adversas a las autoridades en turno. Estas denuncias plantean una preocupación creciente sobre la independencia del poder judicial en Ecuador.

Las alertas comenzaron cuando se conoció que la Contraloría estaba analizando los patrimonios de dos jueces de la Corte Constitucional: Alí Lozada y Luis Terán, quien debe resolver sobre la supuesta inconstitucionalidad del nombramiento del fiscal general Carlos Alarcón. Esta acción de control ocurre en momentos en que la Corte recibe demandas de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el Ejecutivo.

La situación se intensificó tras conocerse las acciones administrativas y legales que presentó la Fiscalía contra el Tribunal que revocó la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en el caso Goleada. Estas acciones fueron acompañadas por campañas en redes sociales que atacaban a los jueces involucrados. La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ha cuestionado estas prácticas, recordando que la inconformidad con los fallos debe rebatirse únicamente en el marco del debido proceso y el contradictorio.

Según Úrsula Indacochea, directora de programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso, aunque la política y la justicia convergen en un sistema judicial, el problema surge cuando la interferencia es indebida y tiene fines antidemocráticos. En tales casos, la justicia se convierte en un botín utilizado para mantener privilegios, impunidad o perseguir voces disidentes.

María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia, señala que estas arremetidas no son simples antipatías, sino intentos de control y captura del sistema de justicia que impiden que los jueces tomen decisiones independientes e imparciales. Advierte que cuando los jueces se sienten hostigados, difícilmente puede existir un sistema de justicia independiente.

Indacochea alerta que el impacto va más allá de la persecución. Menciona que este tipo de acciones pueden servir como detonante para volver la justicia selectiva y darle un cascarón de legalidad a políticas públicas cuestionables, citando el ejemplo de El Salvador donde la destrucción de la independencia judicial permitió implementar regímenes de excepción.

Aunque los mecanismos de hostigamiento contra jueces incómodos se han repetido durante años, Miño destaca que los matices recientes, como campañas de desprestigio, estigmatización, sanciones a nivel de la Judicatura e instrumentalización de la Contraloría, son particularmente preocupantes. Observa que en Ecuador comienza a verse lo que a nivel regional y global ya se ha identificado como peligroso para la democracia: intentos de captura del sistema de justicia.